Hay una divergencia entre los datos obtenidos con autoinformes y los derivados de los organismos oficiales respecto a la clase social a la que pertenecen los jóvenes delincuentes.
Los sujetos incluidos en las tasas de delincuencia oficial pertenecen en su amplia mayoría, a las clases sociales más desfavorecidas, tanto económica como culturalmente (Dentler y Monroe, 1961). Este hecho ha motivado que, durante décadas, se haya asumido la existencia de una relación importante y negativa entre clase social y delincuencia (Emler y Reicher, 1995).
Cuando los investigadores comenzaron a utilizar como muestra de delincuentes a aquellos sujetos que informaban personalmente de su propia conducta delictiva, los hallazgos indicaron que la delincuencia se produce en todas las clases sociales, y que la clase social baja estaría más relacionada con la institucionalización que con la delincuencia en sí misma (FArrington, 1979)
Los partidarios del autoinforme, para explicar la relación observada entre clase y delincuencia, aluden al sesgo por parte de la policía y de la justicia hacia los sujetos de clase baja, así como hacia todo tipo de minorías étnicas y sociales, en el sentido de que es más probable que sean detenidos y juzgados culpables (Dentler y Monroe, 1961; West, 1982, Dunford y Elliot, 1984). Es decir, se afirma que la delincuencia oficial adolece de un grave sesgo sociocultural, dado que los sujetos de status más bajo tienen más probabilidades de «llamar la atención» de los agentes de control y de ser institucionalizados, debido a su escasez de recursos ante la actuación de la justicia.
Frente a estos datos, extraídos del libro”Jóvenes delincuentes”, Lourdes Mirón Redondo y José Manuel Otero-López. Ed. Ariel, 2005, cabe analizar por una parte la actuación del profesional en relación a los menores en estas situaciones.
Vemos dos tipos de colectivo según la clase social. En lenguaje popular: «clase media, clase baja» Es tan importante este tipo de diferenciación que se debaten los métodos para incluir a un mayor número de unos u otros. Ante estos hechos cabe preguntarnos: ¿Así es la práctica profesional? Cuándo atendemos a un cliente, en este caso un menor, ¿actuamos de antemano con este sesgo diferenciador?
Debemos plantearnos cada vez que tengamos que trabajar con un usuario, si estamos proyectando nuestros prejuicios y si éstos nos llevan a una atención sesgada, no dejando de evaluar y valorar sus peculiaridades, ni excluyendo el dato “situación económico-social actual del menor”, pero tampoco realizando un trabajo más o menos dedicado a un sector u otro, depositando más o menos esperanzas en unos que en otros, pues nuestra labor es ser profesionales y tratar desde la particularidad para conseguir la igualdad.
Por otra parte, cabe analizar en estos casos la labor de prevención realizada. Si bien en este artículo se abre el debate sobre los métodos para cuantificar el número de menores en situación de conflicto, también cabe preguntarse si existen los suficientes medios preventivos en los que un profesional, en este caso educador de calle, sea capaz de percibir un sector en riesgo de realizar conductas delictivas o que está en inicio de ellas y derivarlos a servicios sociales especializados. Nuestro éxito como profesionales de la intervención social también puede cuantificarse por el número de usuarios que, debido a una buena labor de prevención, nunca llegan a entrar de manera directa o posterior en la red de servicios sociales.
Laura Piedrahita.
Menores Conflictivos 